Anulan los autos de los cuatro CDR pero no los excarcelan

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La Audiencia Nacional anuló las órdenes de detención dictadas contra cuatro de los CDR detenidos en septiembre, por considerar que no habían recibido información esencial sobre el procedimiento de vistilla tras el cual fueron admitidos a prisión; en consecuencia, el juez de instrucción en este caso, Manuel García Castellón, debe decidir si debe tener lugar su liberación definitiva o, por el contrario, al término del procedimiento legalmente establecido, considera que deben mantener la prisión provisional, por lo que debe dictar una nueva orden a tal efecto.

La Cámara ha aceptado parcialmente los recursos de Xavi Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina y aún no ha resuelto los de Jordi Ros y Ferran Jolis. Los cuatro deben comparecer ante el juez de instrucción este miércoles para celebrar de nuevo la vistilla.

Los CDRs considerados miembros del equipo de intervención táctica fueron detenidos el 23 de septiembre y son objeto de una investigación de terrorismo ante la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Manuel García Castellón.

La Sala se basa en la doctrina del Tribunal Constitucional, que estipula que los detenidos deben recibir la información necesaria sobre las pruebas en su contra, para que su defensa pueda estar en pie de igualdad con la Fiscalía General de la Nación. En la segunda parte se explica que el Tribunal Constitucional especifica que corresponde al juez determinar los elementos esenciales de los actos a los que debe tener acceso la parte, así como el elemento que, en la audiencia prevista en el artículo 505, permite la defensa del detenido, debe permitir el acceso a los elementos esenciales de la investigación, «combinándolo en su caso con el secreto, pero sin poder denegar ningún acceso protegido por el secreto».

«La falta de información detallada que conduce a la detención se ve agravada por la negativa del juez a dar acceso a cualquier otra información sobre el caso», explica la orden. Para el juez, se trata de una «inacción manifiesta, además de la violación de un derecho esencial en el procedimiento legalmente regulado de establecer la medida judicial de prisión, que constituye una garantía intrínseca, en clara contradicción con la forma prevista por la ley».

El 26 de septiembre, el juez envió a siete miembros de la ERT a prisión por delitos de organización terrorista, conspiración, devastación terrorista y posesión de explosivos, considerando que estaban preparando acciones decisivas para después de que el Tribunal Supremo declarara la independencia de Cataluña.

El tribunal, presidido por María José Rodríguez Duplá, rechaza los cargos presentados por el fiscal durante la audiencia en la que se examinaron las apelaciones de las defensas contra la detención. El argumento del fiscal es que, pocos días después de la orden de detención, se levantó parcialmente el secreto de la justicia, lo que proporcionó a los acusados información suficiente para defender su libertad durante la vista de los recursos el 13 de mayo pasado, y el caso se abrió el 13 de mayo pasado.

El Tribunal no acepta este argumento. «La insurrección no corrige ni valida el acto procesal de estructura contradictoria en el que se decreta la detención y en el que el interesado en la petición debe poder utilizar su arsenal defensivo para impugnar la situación de privación de libertad, desde el cuestionamiento de la competencia de la autoridad judicial, pasando por la existencia de indicios plausibles de delito, hasta los motivos que justifican la detención, que se extiende a la resolución judicial resultante de este acto viciado, por lo tanto nulo e inválido y sin posibilidad de subsanación», dice el reglamento.

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